El 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante los tribunales de justicia de la República Argentina con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente.

Amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, las víctimas del franquismo presentamos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, la Querella 4591/2010, nominada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”.

Fue presentada por familiares de asesinados y desaparecidos durante dicha dictadura y diversas asociaciones españolas y argentinas. Desde entonces, a la querella inicial se han ido sumando constantemente más casos. Los abogados que comenzaron el procesos fueron Carlos Slepoy, Ana Messuti y Jacinto Lara en Madrid y David Baigún, Máximo Castex, Ricardo Huñis, Beinusz Szmukler, Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg en Argentina.

En la causa se investigan delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas; delitos de homicidio en grado de tentativa; delitos de torturas; delitos de sustracción de menores, etc…. Todos ellos son calificados como crímenes contra la humanidad y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal.

En 2013 otro grupo de represaliados y miembros de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina, viaja a Buenos Aires, entrega nueva documentación y adhesiones. Realizan así mismo numerosos contactos con asociaciones de derechos humanos y memorialistas argentinas.

18 de septiembre de 2013: La juez Dña. María Servini de Cubría dicta orden de detención vía Interpol a efectos de indagatoria, contra los siguientes torturadores franquistas:

–Juan Antonio González Pacheco

–José Ignacio Giralte González

–Celso Galván Abascal

–Jesús Muñecas Aguilar

Amnistía Internacional hace suya la campaña solicitando la extradición al gobierno español de estos torturadores. Y se realizan múltiples acciones ante distintos parlamentos autonómicos, Naciones Unidas, Parlamento Europeo con el mismo propósito.

En noviembre de este mismo año viaja otro grupo de personas a Buenos Aires, durante una semana prestan declaración trece querellantes: Andoni Txasko Díaz, Ángela Fernández Carballeda, Ascensión Mendieta Ibarra (88 años), Elsa Osaba Bailo, Felipe Izagirre Esnal, Felipe Moreno, Jon Arrizabalaga, José Luis Galán Corrochano, María Antònia Oliver Paris, María Josefa Zorroza Gezuraga, Merçona Puig Antich, Pablo Mayoral, Paqui Maqueda Fernández.

En enero de 2014 La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a extraditar a Argentina al exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño.

En febrero el Relator de Naciones Unidas emite un Informe preliminar donde critica la decisión del Fiscal de la AN de no extraditar a Billy el Niño.

http://www.ceaqua.org/wp-content/uploads/2014/02/SR-Spain-Prelim-Report-03-02-2014-final.pdf

También durante el mes de febrero de ese año la jueza tomará declaración por videoconferencia, desde el consulado en Madrid, a distintos querellantes

El Relator exhortó a las autoridades de España a “confiar en sus instituciones y en su democracia y a no posponer las medidas en favor de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

En Abril la Audiencia nacional rechaza las peticiones de extradición de los torturadores  Antonio Pacheco y Jesús Muñecas

Durante el mes de mayo la jueza María Servini viajará a España y tomará declaración a diversos querellantes en Euskadi, Málaga, Sevilla y Madrid.

El 31 de octubre de 2014 la Jueza Servini solicita a la Interpol el arresto preventivo de Martín Villa, Utrera Molina y otros 18 imputados con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria.

En el auto la Jueza pide la detención de los siguientes exministros, jueces y policías:

• Exministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa
• Exministro de la vivienda y Secretario General del Movimiento José Utrera Molina
• Exministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez
• Exministro de Trabajo Fernando Suárez González
• Exvicepresidente Licinio de la Fuente
• Exministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo
• Exministro de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual.
• Exministro de la Presidencia Alfonso Osorio García
• Excapitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar
• Exintegrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González
• Exjuez Antonio Troncoso de Castro
• Exjuez Jesús Cejas Mohedano
• Exmédico Abelardo García Balaguer
• Siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz Pascual, Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

Se lleva a cabo una amplia campaña nacional e internacional por el cumplimiento de las ordenes de la jueza. Que serán sistemáticamente obstaculizadas por el gobierno y la judicatura españolas.

Mientras tanto se siguen sumando a la causa nuevas querellas y denuncias en los consulados de Argentina en España.

En septiembre de 2016 la Fiscalía General del Estado distribuyó una circular de obligado cumplimiento para que los fiscales no colaboraran con las declaraciones judiciales ordenadas por la jueza Servini. Esas solicitudes de auxilio judicial deberían atenderse en virtud del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España, suscrito en Buenos Aires en 1987 pero fueron rechazadas y devueltas a Buenos Aires. Esta es la suerte que corrió, entre otras, la solicitud para tomar declaración al ex-policía Benjamín Solsona cursada a los Juzgados valencianos.

Esta circular se sigue utilizando como argumento en los juzgados para negarse a investigar casos de torturas, en ella se basó el informe de la fiscalía provincial de Valencia respondiendo al juzgado número 15 que había acumulado diversas querellas presentadas por compañeros detenidos y torturados en 1971 y 1975, en ese informe se solicita que no se investiguen los crímenes franquistas. Mas información sobre esto podéis encontrar en el apartado de las querellas por torturas presentadas en juzgados valencianos.