QUIEREN IMPONER CONCORDIA Y SOLO ES UNA BURDA MANIPULACIÓN. COMENTARIOS A LA NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY DE CONCORDIA VALENCIANA.

Dice la Real Academia Española en su diccionario que concordia, en su segunda acepción, significa “Ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan” y también en la tercera acepción “Instrumento jurídico, autorizado en debida forma, en el cual se contiene lo tratado y convenido entre las partes”. Posiblemente la proposición de ley de concordia de la Comunitat valenciana tenga más que ver con la tercera acepción del vocablo concordia que con la segunda, pues, efectivamente, es un instrumento jurídico en el cual se contiene lo tratado y convenido por las partes, pero no por todas, sino por una de ellas, la que siempre ha impuesto el silencio sobre los 40 años de dictadura franquista, silencio recibido con gozo del Dictador Francisco Franco por parte de los que hoy rubrican una ley infame tanto desde un punto de vista histórico como jurídico. Tampoco esta ley de concordia es reflejo de esa segunda acepción, pues en ningún momento se ha producido ese ajuste o convenio entre personas que litigan; al contrario, ha sido un acuerdo entre dos partidos, herederos del dictador, que han plasmado en una norma su visión reduccionista de la dictadura.
La Exposición de motivos, que ocupa la mitad de la norma, con apenas cinco artículos y varias disposiciones, es un cúmulo de despropósitos de tal magnitud que resulta increíble que hayan colaborado “expertos” según manifestaciones de uno de los diputados de Vox que presentó el proyecto de norma en una rueda de prensa el pasado 21 de marzo. Tras la lectura de esa exposición de motivos, puede uno imaginarse que los expertos pertenecerán a esa horda negacionista de las atrocidades de la dictadura y reduccionista de tal periodo, que se extiende, según ellos, desde 1931 hasta el final de la contienda civil, y serán de los que sacan a pasear la “tragedia de Paracuellos” cada vez que se habla de fosas. Asimismo, la norma denota un maniqueísmo exacerbado no solo al obviar que la guerra civil partió de un golpe de Estado, que no se nombra, sino también al tildar de convulsa la Segunda República, y no adjetivar la Dictadura, que pasa de puntillas como un ser de luz. Parece deducirse que para los expertos y proponentes de la norma, el único periodo problemático fue el único periodo, corto por cierto, en el que España disfrutó de una Constitución moderna que dejaba atrás periodos oscuros, otorgando derechos e intentando eliminar los privilegios de las clases dominantes que lastraban el porvenir de España. Habla también esta “excelsa” exposición de motivos de la necesidad de que “un pasado tan complejo y lleno de aristas requiere aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas”. Tan plural no será la futura norma cuando obvia, tal y como ya se ha dicho, el golpe de estado que fracasó y derivó en una contienda civil, cuando iguala a “todas las víctimas” rebajando así la barbarie que supuso la dictadura y todo el derecho represivo que se elaboró para eliminar a los adversarios políticos, los juicios sumarísimos, fusilamientos y torturas que se produjeron tras el fin de la guerra civil, las propiedades que pasaron a manos de los afines al régimen, el robo de niños y niñas, hechos que se extendieron hasta que el dictador murió. Obvian también lo convulsa que fue la transición, con el terrorismo de extrema derecha que se extendió por todo el país, y del que el País Valencià es conocedor por haberlo sufrido en toda su dimensión. Acusan a las políticas memorialistas del Botànic de sesgadas, de imponer una memoria ideologizada, de favorecer a una parte; pero olvidan que la otra ya tuvo su memoria, ya tuvo su verdad, su justicia y su reparación con el desarrollo de la Causa General. Posiblemente sus expertos no hayan podido acceder al Portal de Archivos Españoles donde toda la Causa general está digitalizada y accesible al que tenga un mínimo de curiosidad. Esta causa facilitó exhumaciones, identificaciones y glorificaciones varias que aún se pueden ver en las iglesias de muchos municipios españoles. A su vez, señalan que las leyes de memoria que ahora quieren dinamitar son una intromisión del Estado en la esfera de conciencia de los españoles, como si dar digna sepultura a los desaparecidos, demostrar las atrocidades que se cometieron en comisarias, cárceles y centros de detención de sangrante reputación fuera una intromisión; puede que sea una intromisión pero en la verdad que ellos, dignos herederos del “atado y bien atado”, no quieren ver ni reconocer.
Estamos ante tiempos oscuros que traen de nuevo el hedor de la dictadura, de los prohombres que, a sangre y fuego, fueron forjando una memoria, o mejor desmemoria, que aún hoy en día pervive y que es un peligro, esto sí, para nuestro Estado de derecho, pues, de acuerdo con De Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, “la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos”. Posiblemente, tengan que dar muchas explicaciones ante las instituciones internacionales que siempre han denunciado la falta de verdad, justicia y reparación en España en relación con las víctimas del franquismo. Pero que sepan una cosa, ni desfallecieron esas víctimas, ni desfallecerán, ante la lucha por el reconocimiento de su dignidad, la que ellos mismos les niegan.

Valencia 27 de marzo de 2024

Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme / Plataforma de suport a la Querella Argentina