Manuel de Juan, director y guionista del documental estuvo acompañado de Pepa Blanes, jefa de Cultura de la Ser, en la proyección que se realizó el pasado 27 de mayo en el Cine Embajadores de Madrid. Les acompañaron tres sobrinos de Teofilo y casi un centenar de personas que coparon la sala. Un gran trabajo de los compañeros y compañeras de La Comuna de expresxs y de Manuel de Juan. ¡Enhorabuena!
Fotografies de la concentració, Vicente Carrión
El nostre comunicat el va llegir Rafa Juarez:
El jueves 9 de mayo se ha hecho pública la presentación, en los juzgados de Paterna (Valencia) de 4 nuevas querellas por crímenes de lesa humanidad por desaparición forzosa.
Pedro Luis Alonso Gutiérrez se ha querellado en representación de los familiares de su abuelo Ulpiano Alonso Presa, fue asesinado junto a otras 45 personas el 17 de noviembre de 1939. Los indicios de la exhumación de la fosa 95, exhumada en 2023, indican que las victimas fueron fusiladas por la espalda. Ulpiano Alonso fue el primer presidente de la agrupación socialista de Puerto de Sagunto y responsable del comité de control de la fabrica de armas de la Republica durante la guerra del 36-39. Su nieto recordó en rueda de prensa el sistema que idearon sus abuelos para comunicarse, cuando la esposa de Ulpiano iba a la prisión a través del capazo de la comida pudieron intercambiar notas «La mayoría son cartas de amor». Alonso también ha recordado aspectos recuperados en el expediente de su antecesor que evidencian la ausencia de pruebas, la arbitrariedad e injusticia del consejo de guerra que condenó a muerte a Ulpiano.
Carolina Martínez Murcia se ha querellado por el asesinato y desaparición forzada de su abuelo José Manuel Murcia Martínez, fue ejecutado el 6 de noviembre de 1939. Su cuerpo permaneció en la fosa 94 del cementerio de Paterna hasta la exhumación realizada en 2018. En 2021 fueron identificados los restos, tras exhumar los restos de una hija de José Manuel Murcia y poder obtener pruebas de ADN válidas. «Todos ellos estaban maniatados, con un tiro en el pecho y otro en la cabeza –ha explicado Carolina, según ha recogido Publico–, ocultados con la clara intención de hacerlos desaparecer, para impedir que las familias los recuperaran; una forma más de expandir la represión». Tenía cuando fue asesinado 47 años y había sido concejal de agricultura en Aiora. Fue condenado a muerte por “adhesión a la rebelión”.
Rafael Micó Pérez se ha querellado por su abuelo y tio maternos Juan y Miguel Pérez Gavidia, fueron asesinados el 6 de noviembre de 1939, naturales de Aiora. Juan fue presidente de la UGT y de la Casa del Pueblo de su localidad, al finalizar la guerra estuvo detenido en el campo de concentración de Monforte el Cid en Alicante y, desde allí, regresó a su casa donde fue detenido junto a su hermano Miguel. Ambos fueron condenados a muerte en juicio sumarísimo. Es probable que estuvieran en la fosa 94 del cementerio de Paterna. En su intervención, que realizó por videoconferencia, Micó puso de relieve el daño causado por el terrorismo de estado practicado por la dictadura contra sus oponentes, destacando, además de la atrocidad de las ejecuciones ilegítimas de la Justicia de los golpistas, la situación de miseria en la que quedaron las familias de los represaliados, muchas de ellas expoliadas.
Sergio Martínez Viana se ha querellado, en representación de su familia, por su abuelo Fausto Viana Cañada, natural de Fuenterrobles, asesinado el 13 de agosto de 1942. La exhumación de la fosa 139 en la que según los datos existentes estarían sus restos se llevó a cabo entre 2022 y 2023, sin obtener resultados positivos en el proceso de identificación y cotejo de ADN. Martínez ha subrayado en su intervención cómo los jueces militares fascistas inventaron pruebas falsas contra su abuelo, imputándole hechos que no pudo cometer por encontrarse en Barcelona.
Las querellas plantean que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, concretamente aquellos que produjeron desapariciones forzadas en el cementerio de Paterna. Se pretende que a lo largo de la investigación se construya un relato de la verdad judicial de los crímenes que especifique las condiciones en las que se cometieron, determinando quiénes fueron los responsables directos e indirectos y, en su caso, decidiendo su imputación, procesamiento, juicio y condena
Estás querellas se suman a las presentadas en todo el estado español, más de un centenar, exigiendo la investigación judicial de crímenes franquistas, constitutivos de crímenes contra la humanidad y que hasta la fecha continúan impunes.
Las organizaciones memorialistas y de derechos humanos que formamos la CEAQUA interpelamos a los Jueces y Magistrados españoles para que investiguen y enjuicien los crímenes del franquismo, pongan fin a la política de impunidad que han mantenido hasta la fecha y apliquen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. En este sentido recordamos que en el reciente informe de los Relatores de la ONU, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, además de la evaluación sobre las derogación de las leyes de memoria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Comunidad Valenciana, el informe hace hincapié en que “los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras infracciones graves de los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada. No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones”.
Seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo resulta incompatible con un Estado de Derecho.
Las entidades que han apoyado esta presentación: Amnistía Internacional Valencia, Plataforma de Asociaciones Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna, Coordinadora de asociaciones de memoria democrática y Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme (Plataforma de suport a la Querella Argentina) han expresado su apoyo a los querellantes y su compromiso en la defensa del derecho a la tutela judicial de las víctimas de los crímenes del franquismo.
Repercusión en los medios:
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-comunitat-valenciana-2-09-05-24/16096436/ @ a partir del minuto 8’59
https://valenciaplaza.com/nietos-fusilados-franquismo-se-querellan-lesa-humanidad-falta-justicia
Fotografías de Valerià Martin, El Seco
Comunicado de prensa:
Con la obra de teatro El enterrador ha clausurado la Diputación de Valencia casi un año de la exposición «Arqueología de la memoria, las fosas de Paterna», que en el centro de la Beneficencia de Valencia ha estado abierta al publico mostrando la realidad de ese escenario del horror que fue y es, el cementerio de Paterna, el cementerio-fosa común, que ha guardado los restos de la mayoría de las 2238 personas asesinadas en sus inmediaciones, tras sentencias dictadas por juicios sumarísimos, sin testigos, ni pruebas, basadas solo en la «necesidad» de exterminar al enemigo, al disidente, en este caso a los y las republicanas que defendieron los derechos de la mayoría frente al caciquismo y el fascismo, frente a los golpistas encabezados por Franco que impusieron una dictadura durante casi cuarenta años, y que aún siguen impunes.
«Arqueología de la memoria, las fosas de Paterna» ha sido una muestra que debería quedarse permanentemente, para que de continuo los estudiantes acudan a aprender, para no querer que se repita aquella barbarie. ¿Alguien entendería que en Berlin se desmontaran el museo dedicado al holocausto nazi?, con el argumento con diez meses basta… No.
Ayer se cerró el ciclo con la representación en el teatro Principal de Valencia de la obra de teatro El enterrador dedicada a Leoncio Badia, el enterrador de Paterna, que recortó trocitos de ropas para que las familias pudieran identificar a los suyos, asesinados días antes, que puso en botellitas trocitos de papel donde algunos familiares anotaron a quien corresponderían los huesos que se encontraran junto a la botella… Pensando en el futuro, seguro que no creerían nunca que costara casi 80 años recuperar esos cuerpos.
Un homenaje merecido. Una obra digna y emocionante. Paco Zapata hizo una estupenda interpretación
Fotografías de El seco
Desde hace unos meses en las comunidades donde VOX ha conseguido gobernar junto con el Partido Popular se están llevando a cabo modificaciones de las leyes autonómicas que estaban aprobadas. Además, asistimos al discurso constante de ataque a las asociaciones y organizaciones que luchas por la Verdad, la Justicia y la Reparación
COMUNICADO DE CEAQUA ANTE LA OFENSIVA CONTRA LA MEMORIA DE LA DERECHA ESTATAL
Ante la ofensiva de los gobiernos autonómicos de Castilla León, Aragón, Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana, regidos por coaliciones PP-VOX contra las leyes de memoria democrática desde CEAQUA manifestamos:
1.- La facilidad con la que ha vuelto a restablecerse el relato construido por la propia dictadura franquista acerca de la II República, del golpe de estado que desencadenó la guerra y de la propia naturaleza del régimen dictatorial, adquiriendo naturaleza de ley en las comunidades señaladas, muestra la fragilidad de la democracia actual, fundamentada en una transición donde las fuerzas políticas que la encabezaron apostaron por silenciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, por “no ser beligerantes” con una dictadura impuesta con el apoyo material del nazi-fascismo, mantenida sobre la liquidación física y represión política de la disidencia, el expolio de los vencidos, la desaparición forzada de menores así como la represión social e ideológica contra otros sectores. Un pacto de silencio que mantuvo indemne el relato que sobre sí mismo construyó el franquismo para justificar y legitimar sus atrocidades.
2.- Ese pacto de silencio tuvo en la Ley de Amnistía aprobada en 1977 una clave fundamental, en su artículo segundo eximía de toda responsabilidad a los funcionarios y agentes del orden público por “los delitos cometidos contra el ejercicio de los derechos de las personas”, lo que la convirtió de hecho en una ley de punto final para asegurar la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas. Una ley, además, contraria al Derecho Internacional de Derechos Humanos que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden amnistiarse, y que siguen esgrimiendo algunos jueces en la actualidad para negarse a investigar las querellas que presentan víctimas de los múltiples crímenes que cometió el franquismo durante la guerra, la dictadura y la transición.
3.- Estas políticas de guante blanco con el pasado franquista se justificaron durante años como garantías para la reconciliación. Como ha señalado Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, “la reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado. La confianza en que el Estado vela por tus derechos. Y eso solo se consigue a través de la justicia. Cualquier otra interpretación de la reconciliación es perversa”.
El camino de la Justicia para las víctimas de la dictadura se eludió en los años de la transición en aras al pacto de silencio y a ese falso concepto de reconciliación, lo que ha garantizado la impunidad de los perpetradores hasta el momento actual. Alimentada también por las tímidas y escasas medidas legislativas impulsadas por el Estado que no ha aplicado los compromisos internacionales que tiene suscritos como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o lo exigido por Comités especiales de la ONU, como el Comité contra la tortura o el ya mencionado sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
4.- Pese al enorme trabajo de investigación realizado desde distintas disciplinas que ha evaluado y rescatado la magnitud de la represión franquista, pese a la presencia y persistencia de tantas víctimas y familiares por abrir camino a la Verdad que tanto tiempo estuvo silenciada, aún no ha habido en este país investigación judicial sobre esos crímenes. Investigación como la que hubo en Núremberg para conocer los crímenes del nazismo, o en los juicios de Argentina contra los responsables de la dictadura de Videla, o en la Audiencia Nacional española que investigó y condenó al responsable de los vuelos de la muerte, el militar argentino Adolfo Scilingo.
En España no se han investigado los crímenes de la dictadura franquista ni se ha establecido una verdad jurídica sobre esos crímenes, obligando a las víctimas a desplazarse 10.000 km para querellarse en la única causa abierta contra estos crímenes, la conocida como querella argentina.
El Estado español ha desatendido a estas víctimas por falta de voluntad y responsabilidad política. Las leyes estatales de memoria aprobadas tras mucha reclamación y trabajo de las asociaciones memorialistas –la ley de 2007 y la más reciente y algo más completa de 2022– no garantizan el acceso a la Justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo.
5.- De esta manera, los gobiernos autonómicos de PPVOX que se han planteado derogar las leyes de memoria democrática van a darle categoría de ley al relato franquista, desoyendo las argumentaciones científicas, a la Academia y por supuesto a las víctimas. Y específicamente a las del franquismo, porque en sus propuestas leyes de “concordia” sí que mencionan a las víctimas del terrorismo y a las de la 2ª Republica. Su “concordia” excluye precisamente a las víctimas que el Estado español tiene aún pendiente de reparar y garantizar sus derechos: las víctimas del franquismo y la transición, como se le ha recordado desde instancias internacionales de Derechos Humanos. Ocultan deliberadamente que en 1936 hubo un golpe de estado que desencadenó una guerra horrorosa y dio paso a una dictadura a la que tampoco califican, obviando todo el derecho represivo que elaboró el franquismo para eliminar a sus adversarios políticos: los juicios sumarísimos, fusilamientos y torturas, el expolio y las depuraciones, el exilio forzoso, la represión específica contra las mujeres, el ‘robo de bebés’, hechos que se extendieron hasta años después de la muerte del dictador.
6.- Las leyes autonómicas que han derogado o quieren derogar, intentaron subsanar las carencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que no contentó a nadie. Las derechas en el poder –ya abiertamente filofranquistas– acusan a estas políticas memorialistas de ser “sesgadas”, de imponer una memoria ideologizada, de favorecer a una parte; pero olvidan que la otra ya tuvo su memoria, ya tuvo su verdad, su justicia y su reparación con el desarrollo de la Causa General. Esta causa facilitó exhumaciones, identificaciones y glorificaciones varias que aún se pueden ver en las iglesias de muchos municipios españoles y ofreció reparaciones de todo tipo.
Sus leyes de “concordia” son una vuelta atrás, pero ya se han abierto muchas fosas, se han visto decenas y decenas de cuerpos con el cráneo agujereado por los tiros de gracia, hemos recogido los testimonios de las personas torturadas, de las víctimas por el robo de niñas y niños, mucha gente rompió el silencio. Esa Verdad no puede volver atrás. Muchas víctimas saben que tienen derecho a la tutela judicial y seguirán peleando por ella.
7.- Por último, es preciso señalar que la vigente Ley de Memoria Democrática de 2022 fue una ocasión inmejorable para poder haber ido bastante más allá en materia de verdad, justicia y reparación y blindar así los logros conseguidos en los últimos años por el movimiento memorialista frente a los ataques que ahora está impulsando PP-VOX. Se renunció entonces a profundizar en estas conquistas derogando la Ley de Amnistía de 1977, así como la de Secretos Oficiales, de 1968; considerando expresamente los crímenes cometidos por el franquismo como crímenes contra la humanidad; abriendo plenamente las puertas de la Justicia a la admisión a trámite de las acciones judiciales interpuestas con esta finalidad; regulando los mecanismos y medios para la identificación, no solo de las víctimas, sino también de los victimarios y, por último, para la aplicación directa de la normativa internacional vigente en materia de derechos humanos.
Es por ello que consideramos que la necesaria y firme lucha contra cualquier intento del PP-VOX de modificar o anular la normativa autonómica hoy existente, debe ir acompañada también de la necesidad de recuperar las exigencias del movimiento antes señaladas que la Ley de Memoria Democrática no asumió.
Desde CEAQUA apostamos por la protección de todos los derechos de las víctimas del franquismo amenazados, una vez más, por los defensores de la dictadura.
¡Por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del franquismo y la transición!
Ayer presentamos en la librería La Repartidora de Benimaclet el numero anual de nuestra revista, abrió la presentación nuestra compañera Llum Quiñonero, agradeciendo las colaboraciones que han hecho posible la edición de esta 4ª publicación de nuestra asociación. Se mantienen porque es importante dejar por escrito las investigaciones y reflexiones sobre los temas que dan sentido a nuestra existencia como colectivo, la lucha por la memoria y la justicia, tareas frágiles como estamos comprobando con el retroceso que representa la derogación de la ley de memoria democrática de la Comunidad Valenciana aprobada en 2017, en una legislatura en la que ella fue diputada en les Corts Valencianas y participó activamente en la elaboración y aprobación de la ley.
Nos reunimos en torno a un debate sobre la tortura y la impunidad. Un tema duro, difícil, que golpea en las conciencias y en el recuerdo. Su práctica como señaló Fernando Reati, victima de tortura en la Argentina de Videla y preso en aquel país, también profesor universitario de literatura latinoamericana, su práctica no solo deja maltrecha a quien la sufre también a la sociedad en su conjunto. Nos compartió sus inquietudes sobre como afrontar este hecho.
Recorrimos, con las distintas intervenciones, un largo trecho desde las rapadas, aquellas mujeres torturadas, humilladas públicamente durante el primer franquismo, Carmen Cardona nos avanzó algunas de las cuestiones que en la preparación de su tesis doctoral sobre este tema están impresionándole, el carácter de género de la represión franquista, el empeño y saña con que se castigó en el cuerpo de las mujeres rojas los logros y derechos que la II Republica había alcanzado para el conjunto de las mujeres de este país. La imposición del modelo de mujer del nacional catolicismo. Y el ocultamiento de todo ello, la ausencia de fotografías, lo difícil que es obtener testimonios.
Llegamos al presente, Andrea del CSOA l’Horta explicó a que se dedica ese centro ocupado, en él unos 15 colectivos actúan desde la cooperación mutua y el compromiso en la autogestión, libertarios y profundamente antifascistas. Quizá por estas características fueron victimas entre 2017 y 2021 de una infiltración policial. Cuando la descubrieron se sintieron muy mal, relaciones de amistad, de confianza, quebradas al descubrir que estaban siendo objeto de vigilancia policial. Una forma de tortura que también vivieron otros colectivos similares en otras ciudades como Madrid, Girona o Barcelona. Nos dejó una fotografía de los que han sido desenmascarados.
Lucila Aragó tras explicar el recorrido y fundamentos de la Querella Argentina que juzga los crímenes del franquismo y la transición, detalló como seguimos trabajando para aportar a esa causa toda la información, tanto de expertos como de las propias victimas, para acreditar la magnitud de la represión. Puso algunos ejemplos que resaltan la impunidad que ha rodeado la practica de la tortura, que se utilizó de forma masiva en los primeros años de la dictadura y que no cesó durante la transición.
Luis Vivas autor de Lecciones robadas, libro realizado con y para alumn@s, y colaborador en este numero de la revista nos recordó la importancia de llevar estos contenidos a las aulas, y alertó: la derecha y ultraderecha quieren anular actividades de derechos humanos en las escuelas de adultos. Hubo bastantes intervenciones desde el publico aportando datos, experiencias, iniciativas, se establecieron contactos para seguir algunas de ellas. Y finalizamos con una actuación musical de Pepe Ruiz y de Mitrofan que nos llenaron de optimismo. Sus canciones y su humor, cargado de reivindicación, nos hizo reir y sentirnos unid@s en una causa que será ardua y difícil pero que vale la pena.
Gracias a La Repartidora y a todas las personas que estuvisteis compartiendo esta tarde.
Memòria i justícia. Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme 