Desde hace unos meses en las comunidades donde VOX ha conseguido gobernar junto con el Partido Popular se están llevando a cabo modificaciones de las leyes autonómicas que estaban aprobadas. Además, asistimos al discurso constante de ataque a las asociaciones y organizaciones que luchas por la Verdad, la Justicia y la Reparación

COMUNICADO DE CEAQUA ANTE LA OFENSIVA CONTRA LA MEMORIA DE LA DERECHA ESTATAL

Ante la ofensiva de los gobiernos autonómicos de Castilla León, Aragón, Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana, regidos por coaliciones PP-VOX contra las leyes de memoria democrática desde CEAQUA manifestamos:

1.- La facilidad con la que ha vuelto a restablecerse el relato construido por la propia dictadura franquista acerca de la II República, del golpe de estado que desencadenó la guerra y de la propia naturaleza del régimen dictatorial, adquiriendo naturaleza de ley en las comunidades señaladas, muestra la fragilidad de la democracia actual, fundamentada en una transición donde las fuerzas políticas que la encabezaron apostaron por silenciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, por “no ser beligerantes” con una dictadura impuesta con el apoyo material del nazi-fascismo, mantenida sobre la liquidación física y represión política de la disidencia, el expolio de los vencidos, la desaparición forzada de menores así como la represión social e ideológica contra otros sectores. Un pacto de silencio que mantuvo indemne el relato que sobre sí mismo construyó el franquismo para justificar y legitimar sus atrocidades.

2.- Ese pacto de silencio tuvo en la Ley de Amnistía aprobada en 1977 una clave fundamental, en su artículo segundo eximía de toda responsabilidad a los funcionarios y agentes del orden público por “los delitos cometidos contra el ejercicio de los derechos de las personas”, lo que la convirtió de hecho en una ley de punto final para asegurar la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas. Una ley, además, contraria al Derecho Internacional de Derechos Humanos que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden amnistiarse, y que siguen esgrimiendo algunos jueces en la actualidad para negarse a investigar las querellas que presentan víctimas de los múltiples crímenes que cometió el franquismo durante la guerra, la dictadura y la transición.

3.- Estas políticas de guante blanco con el pasado franquista se justificaron durante años como garantías para la reconciliación. Como ha señalado Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, “la reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado. La confianza en que el Estado vela por tus derechos. Y eso solo se consigue a través de la justicia. Cualquier otra interpretación de la reconciliación es perversa”.

El camino de la Justicia para las víctimas de la dictadura se eludió en los años de la transición en aras al pacto de silencio y a ese falso concepto de reconciliación, lo que ha garantizado la impunidad de los perpetradores hasta el momento actual. Alimentada también por las tímidas y escasas medidas legislativas impulsadas por el Estado que no ha aplicado los compromisos internacionales que tiene suscritos como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o lo exigido por Comités especiales de la ONU, como el Comité contra la tortura o el ya mencionado sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

4.- Pese al enorme trabajo de investigación realizado desde distintas disciplinas que ha evaluado y rescatado la magnitud de la represión franquista, pese a la presencia y persistencia de tantas víctimas y familiares por abrir camino a la Verdad que tanto tiempo estuvo silenciada, aún no ha habido en este país investigación judicial sobre esos crímenes. Investigación como la que hubo en Núremberg para conocer los crímenes del nazismo, o en los juicios de Argentina contra los responsables de la dictadura de Videla, o en la Audiencia Nacional española que investigó y condenó al responsable de los vuelos de la muerte, el militar argentino Adolfo Scilingo.

En España no se han investigado los crímenes de la dictadura franquista ni se ha establecido una verdad jurídica sobre esos crímenes, obligando a las víctimas a desplazarse 10.000 km para querellarse en la única causa abierta contra estos crímenes, la conocida como querella argentina.

El Estado español ha desatendido a estas víctimas por falta de voluntad y responsabilidad política. Las leyes estatales de memoria aprobadas tras mucha reclamación y trabajo de las asociaciones memorialistas –la ley de 2007 y la más reciente y algo más completa de 2022– no garantizan el acceso a la Justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo.

5.- De esta manera, los gobiernos autonómicos de PPVOX que se han planteado derogar las leyes de memoria democrática van a darle categoría de ley al relato franquista, desoyendo las argumentaciones científicas, a la Academia y por supuesto a las víctimas. Y específicamente a las del franquismo, porque en sus propuestas leyes de “concordia” sí que mencionan a las víctimas del terrorismo y a las de la 2ª Republica. Su “concordia” excluye precisamente a las víctimas que el Estado español tiene aún pendiente de reparar y garantizar sus derechos: las víctimas del franquismo y la transición, como se le ha recordado desde instancias internacionales de Derechos Humanos. Ocultan deliberadamente que en 1936 hubo un golpe de estado que desencadenó una guerra horrorosa y dio paso a una dictadura a la que tampoco califican, obviando todo el derecho represivo que elaboró el franquismo para eliminar a sus adversarios políticos: los juicios sumarísimos, fusilamientos y torturas, el expolio y las depuraciones, el exilio forzoso, la represión específica contra las mujeres, el ‘robo de bebés’, hechos que se extendieron hasta años después de la muerte del dictador.

6.- Las leyes autonómicas que han derogado o quieren derogar, intentaron subsanar las carencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que no contentó a nadie. Las derechas en el poder –ya abiertamente filofranquistas– acusan a estas políticas memorialistas de ser “sesgadas”, de imponer una memoria ideologizada, de favorecer a una parte; pero olvidan que la otra ya tuvo su memoria, ya tuvo su verdad, su justicia y su reparación con el desarrollo de la Causa General. Esta causa facilitó exhumaciones, identificaciones y glorificaciones varias que aún se pueden ver en las iglesias de muchos municipios españoles y ofreció reparaciones de todo tipo.

Sus leyes de “concordia” son una vuelta atrás, pero ya se han abierto muchas fosas, se han visto decenas y decenas de cuerpos con el cráneo agujereado por los tiros de gracia, hemos recogido los testimonios de las personas torturadas, de las víctimas por el robo de niñas y niños, mucha gente rompió el silencio. Esa Verdad no puede volver atrás. Muchas víctimas saben que tienen derecho a la tutela judicial y seguirán peleando por ella.

7.- Por último, es preciso señalar que la vigente Ley de Memoria Democrática de 2022 fue una ocasión inmejorable para poder haber ido bastante más allá en materia de verdad, justicia y reparación y blindar así los logros conseguidos en los últimos años por el movimiento memorialista frente a los ataques que ahora está impulsando PP-VOX. Se renunció entonces a profundizar en estas conquistas derogando la Ley de Amnistía de 1977, así como la de Secretos Oficiales, de 1968; considerando expresamente los crímenes cometidos por el franquismo como crímenes contra la humanidad; abriendo plenamente las puertas de la Justicia a la admisión a trámite de las acciones judiciales interpuestas con esta finalidad; regulando los mecanismos y medios para la identificación, no solo de las víctimas, sino también de los victimarios y, por último, para la aplicación directa de la normativa internacional vigente en materia de derechos humanos.

Es por ello que consideramos que la necesaria y firme lucha contra cualquier intento del PP-VOX de modificar o anular la normativa autonómica hoy existente, debe ir acompañada también de la necesidad de recuperar las exigencias del movimiento antes señaladas que la Ley de Memoria Democrática no asumió.

Desde CEAQUA apostamos por la protección de todos los derechos de las víctimas del franquismo amenazados, una vez más, por los defensores de la dictadura.

¡Por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del franquismo y la transición!

QUIEREN IMPONER CONCORDIA Y SOLO ES UNA BURDA MANIPULACIÓN. COMENTARIOS A LA NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY DE CONCORDIA VALENCIANA.

Dice la Real Academia Española en su diccionario que concordia, en su segunda acepción, significa “Ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan” y también en la tercera acepción “Instrumento jurídico, autorizado en debida forma, en el cual se contiene lo tratado y convenido entre las partes”. Posiblemente la proposición de ley de concordia de la Comunitat valenciana tenga más que ver con la tercera acepción del vocablo concordia que con la segunda, pues, efectivamente, es un instrumento jurídico en el cual se contiene lo tratado y convenido por las partes, pero no por todas, sino por una de ellas, la que siempre ha impuesto el silencio sobre los 40 años de dictadura franquista, silencio recibido con gozo del Dictador Francisco Franco por parte de los que hoy rubrican una ley infame tanto desde un punto de vista histórico como jurídico. Tampoco esta ley de concordia es reflejo de esa segunda acepción, pues en ningún momento se ha producido ese ajuste o convenio entre personas que litigan; al contrario, ha sido un acuerdo entre dos partidos, herederos del dictador, que han plasmado en una norma su visión reduccionista de la dictadura.
La Exposición de motivos, que ocupa la mitad de la norma, con apenas cinco artículos y varias disposiciones, es un cúmulo de despropósitos de tal magnitud que resulta increíble que hayan colaborado “expertos” según manifestaciones de uno de los diputados de Vox que presentó el proyecto de norma en una rueda de prensa el pasado 21 de marzo. Tras la lectura de esa exposición de motivos, puede uno imaginarse que los expertos pertenecerán a esa horda negacionista de las atrocidades de la dictadura y reduccionista de tal periodo, que se extiende, según ellos, desde 1931 hasta el final de la contienda civil, y serán de los que sacan a pasear la “tragedia de Paracuellos” cada vez que se habla de fosas. Asimismo, la norma denota un maniqueísmo exacerbado no solo al obviar que la guerra civil partió de un golpe de Estado, que no se nombra, sino también al tildar de convulsa la Segunda República, y no adjetivar la Dictadura, que pasa de puntillas como un ser de luz. Parece deducirse que para los expertos y proponentes de la norma, el único periodo problemático fue el único periodo, corto por cierto, en el que España disfrutó de una Constitución moderna que dejaba atrás periodos oscuros, otorgando derechos e intentando eliminar los privilegios de las clases dominantes que lastraban el porvenir de España. Habla también esta “excelsa” exposición de motivos de la necesidad de que “un pasado tan complejo y lleno de aristas requiere aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas”. Tan plural no será la futura norma cuando obvia, tal y como ya se ha dicho, el golpe de estado que fracasó y derivó en una contienda civil, cuando iguala a “todas las víctimas” rebajando así la barbarie que supuso la dictadura y todo el derecho represivo que se elaboró para eliminar a los adversarios políticos, los juicios sumarísimos, fusilamientos y torturas que se produjeron tras el fin de la guerra civil, las propiedades que pasaron a manos de los afines al régimen, el robo de niños y niñas, hechos que se extendieron hasta que el dictador murió. Obvian también lo convulsa que fue la transición, con el terrorismo de extrema derecha que se extendió por todo el país, y del que el País Valencià es conocedor por haberlo sufrido en toda su dimensión. Acusan a las políticas memorialistas del Botànic de sesgadas, de imponer una memoria ideologizada, de favorecer a una parte; pero olvidan que la otra ya tuvo su memoria, ya tuvo su verdad, su justicia y su reparación con el desarrollo de la Causa General. Posiblemente sus expertos no hayan podido acceder al Portal de Archivos Españoles donde toda la Causa general está digitalizada y accesible al que tenga un mínimo de curiosidad. Esta causa facilitó exhumaciones, identificaciones y glorificaciones varias que aún se pueden ver en las iglesias de muchos municipios españoles. A su vez, señalan que las leyes de memoria que ahora quieren dinamitar son una intromisión del Estado en la esfera de conciencia de los españoles, como si dar digna sepultura a los desaparecidos, demostrar las atrocidades que se cometieron en comisarias, cárceles y centros de detención de sangrante reputación fuera una intromisión; puede que sea una intromisión pero en la verdad que ellos, dignos herederos del “atado y bien atado”, no quieren ver ni reconocer.
Estamos ante tiempos oscuros que traen de nuevo el hedor de la dictadura, de los prohombres que, a sangre y fuego, fueron forjando una memoria, o mejor desmemoria, que aún hoy en día pervive y que es un peligro, esto sí, para nuestro Estado de derecho, pues, de acuerdo con De Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, “la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos”. Posiblemente, tengan que dar muchas explicaciones ante las instituciones internacionales que siempre han denunciado la falta de verdad, justicia y reparación en España en relación con las víctimas del franquismo. Pero que sepan una cosa, ni desfallecieron esas víctimas, ni desfallecerán, ante la lucha por el reconocimiento de su dignidad, la que ellos mismos les niegan.

Valencia 27 de marzo de 2024

Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme / Plataforma de suport a la Querella Argentina

Recordamos que Martín Villa está imputado en la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de justicia universal por crímenes ocurridos precisamente en ese periodo

COMUNICADO DE LA COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA (CEAQUA)

El próximo día 20 de febrero de 2024 la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura ha convocado una charla-coloquio cuyo tema es “La Transición Española. Un ejemplo de convivencia entre españoles”. Dicha convocatoria, que de por sí sería una ofensa a la inteligencia de quienes conocemos la historia de esos años, se convierte en una burla cruel para todas las víctimas de la transición sangrienta que vivió nuestro país por la presencia en dicho acto de Rodolfo Martín Villa, actualmente imputado en la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de justicia universal.

La intensidad criminal de la represión a manos de las fuerzas de seguridad del estado y las bandas fascistas en los años de la transición superó ampliamente a la registrada en los años del franquismo tardío. Esta represión fue realizada por una maquinaria en la que interactuaron de forma inseparable los cuerpos represivos de la dictadura y las bandas fascistas que actuaron bajo la protección policial y que en muchos casos estuvieron integradas, e incluso dirigidas, por miembros de los diversos cuerpos policiales.

En la cima de esta estructura represiva estuvo, durante aquellos años críticos, Rodolfo Martín Villa quien, de acuerdo con el principio de responsabilidad del superior, concentra en su persona las responsabilidades por todos estos crímenes. Según los hechos, acreditados y ampliamente documentados ante la justicia, Rodolfo Martín Villa debe dar cuenta como principal responsable, por acción o por omisión, de al menos doce muertes denunciadas ante la justicia argentina causadas por el aparato represivo que estaba bajo su control.Sobre la base de estas evidencias, el Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de Buenos Aires, que preside la juez federal María Servini de Cubría, mantiene actualmente imputado a Rodolfo Martín Villa como responsable de doce asesinatos cometidos en contexto de “Lesa Humanidad”, mientras requiere información y documentación adicional para su posible imputación en otros casos. Sobre este tema queremos denunciar la nula o escasa colaboración, tanto del Gobierno como de la judicatura, con las rogatorias y/o resoluciones que la juez Servini ha enviado repetidas veces al Estado español.

Consideramos inadmisible que una institución universitaria pública acoja un acto que, en la práctica, es un homenaje a un imputado por crímenes de lesa humanidad. Y consideramos aún más grave que dicho acto, que constituye una vulneración de la Ley de Memoria Democrática y una ofensa para las víctimas, cuente con la participación de conocidos miembros del partido político promotor de dicha ley, partido que actualmente dirige el gobierno de España.

La Memoria Democrática es incompatible con el apoyo a la impunidad.

¡Justicia, verdad y memoria para las víctimas!

Acció Ciutadana contra la Impunitad del Franquisme rechaza la prohibición de la Cabalgata de las Magas como un acto de censura y represión manifiestas.

Expresamos nuestro total rechazo a la prohibición de “la cabalgada de la Infantesa, les Magues de Gener” que este año ha decretado el Ayuntamiento València. Los partidos que mayoritariamente gobiernan en la ciudad, esto es PP y VOX, han hecho gala, con esta decisión, de su ideología censora, retrograda y represiva.

Los supuestos técnicos con los que intentan ocultar el sesgo ideológico de su decisión no se sostienen. La prueba más evidente es que esa cabalgata se ha venido realizando en los últimos nueve años sin ningún tropiezo ni dificultad, solo cabría señalar los gritos e insultos que algún grupo de militantes de extrema derecha han proferido contra las participantes una y otra vez. El actual gobierno municipal muestra su cara más reaccionaria y su intolerancia a la expresión pública de la diversidad, del feminismo representado a través de la igualdad, la fraternidad/ la sororidad que representa la Festa de la Infantesa: Una expresión festiva para los grandes y pequeños que muestra y reivindica el laicismo, el feminismo y los valores republicanos.

Nos parece intolerable este recorte de libertades. Las calles son de toda la ciudadanía. El espacio público nos corresponde al conjunto de la sociedad y los poderes públicos deben de garantizar su uso desde el respeto, la pluralidad y la seguridad de todos para garantizar así la democracia ciudadana.

Hace pocas semanas otra decisión municipal alejaba de la Plaza de la Reina una manifestación en solidaridad con el pueblo de Palestina, la trasladaba a un recorrido menos “concurrido”, ahora deniegan esta cabalgata ¿Cuándo lleguen las fallas enviarán a las falleras y falleros a circular por el cauce del rio o les dejaran ocupar sin control alguno toda la ciudad? Veremos.

Se trata sin duda de una decisión reprobable, desde una cultura democrática; se trata de censura, de represión, intolerables.

Manifestamos también nuestra solidaridad con las entidades convocantes de les Magues de Gener, y sumamos nuestra voz a la convocatoria que están haciendo para realizar una manifestación el próximo domingo 14, a las 11 desde el Parterre hasta la plaza de la Virgen.

Por la libertad de expresión, por los valores laicos manifestamos nuestro apoyo a una cabalgata que defiende el liderazgo femenino, la fiesta para los niños y niñas y los valores fundamentales de la democracia representados en las Magues de Gener, la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad y la Sororidad.

10 de enero de 2024

Comunicado de prensa

ACCIÓ CIUDADANA DEL PV CONTRA LA IMPUNITAT DEL FRANQUISMO, integrante de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina- CEAQUA, y LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ALICANTE BEBÉS ROBADOS Y ADOPCIONES IRREGULARES (AVA) expresamos nuestra repulsa a la propuesta de la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Elisa Núñez, para que la Casa Cuna Santa Isabel sea candidata al reconocimiento “Meninas 2023”, un galardón del gobierno de España a través de sus delegaciones territoriales, que premia los trabajos e iniciativas que combaten la violencia contra las mujeres.

Consideramos la propuesta de la consejera del todo inaceptable; resulta además una provocación para quienes llevan años reclamando información sobre sus orígenes para conocer los nombres de las madres que les dieron a luz. Frente al dolor de tantas familias, la respuesta ha sido siempre la más total opacidad y la negativa a responder, a dar cuenta de lo sucedido.

Durante todos estos años, las responsables de la Casa Cuna se han negado a facilitar a personas que buscan su identidad los datos de las mujeres que allí parieron y el destino que corrieron sus bebés; por tanto, este centro religioso está negando uno de los derechos humanos más básicos: el derecho a la identidad. Calificamos esta candidatura un insulto a las víctimas. Para los abajo firmantes, la Casa Cuna de Valencia está en las antípodas de una institución que actúe contra la violencia de género. Más bien ha venido siendo denunciado por lo contrario. Tal como reconoce la ley de memoria democrática y  la aprobada por el parlamento español, madres, familias y bebes que buscan sus orígenes y aquellas madres que denuncian que sus hijos e hijas  les fueron arrebatados  son víctimas  como las que reconoce en su Título 1 la ley de memoria democrática de 2022 que  reconoce como tales a “Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y de la dictadura “ así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas”.

La Casa Cuna que esta consellera propone para este premio ha sido señalada precisamente, por impedir el acceso a la información sobre su propia identidad a bebés nacidos en esa institución, en tiempos de la dictadura y aun después.

Merecerá ser candidata a tal reconocimiento el día que sus responsables cumplan la ley, respeten a las víctimas y faciliten el acceso libre a toda la información a quienes siguen buscando a sus familias de origen.

Aunque, según noticia de prensa, la Delegación del Gobierno ha avisado de que la presentación de la candidatura se ha realizado fuera de plazo, por lo que la propuesta no puede ser admitida, el hecho de haberla realizado es todo un despropósito que pone de manifiesto el verdadero espíritu del nuevo gobierno de la Generalitat valenciana, que de la mano de Vox, también con esta iniciativa, premian a quienes las victimas señalan como responsables de graves delitos.