Suspendida sin base legal la declaración de Martín Villa y Daniel Aroca por crímenes del franquismo en el Tribunal de Elda
El próximo 4 de febrero del presente año estaban citados a declarar, en calidad de investigados, ante el Tribunal de Instancia de Elda, Rodolfo Martín Villa y Daniel Aroca, en el marco de la causa penal abierta por el asesinato del joven Teófilo del Valle, ocurrido el 24 de febrero de 1976, en un contexto de crímenes contra la humanidad.Aunque las declaraciones estaban previstas para la fecha indicada anteriormente por la jueza Dña. Yolanda Julia Candela Quesada, la reciente incorporación al Juzgado del juez D. Francisco José Cabrera Montesinos ha motivado la suspensión de dichas declaraciones.
A instancias de la representación procesal de Martín Villa, y mediante Providencia, el magistrado ha acordado la suspensión de dichas declaraciones mientras se tramita el recurso de apelación interpuesto por el propio Martín Villa contra el auto de admisión a trámite de la querella criminal presentada por José Antonio del Valle, hermano de Teófilo del Valle.La Providencia dictada por el juez D. Francisco José Cabrera Montesinos con fecha 28 de enero del presente año resulta manifiestamente contraria a derecho, al atribuir efecto suspensivo a un recurso de apelación que, conforme a la normativa vigente, no lo tiene.
En aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la interposición de dicho recurso no puede ni debe suspender la tramitación de la causa y, en consecuencia, tampoco justificar la suspensión de las declaraciones que ya habían sido previamente señaladas por el Tribunal de Instancia.
Esta resolución judicial carece de una motivación jurídica suficiente, es infundada y contraria a derecho, y provoca, una vez más, una situación de absoluto desamparo para José Antonio, así como para el conjunto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por quienes integraron los aparatos represivos de la dictadura franquista y que permanecieron inalterados durante la Transición.
Nos encontramos ante una decisión que incumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que contribuye a apuntalar el modelo de impunidad que el Estado español ha venido sosteniendo frente a estos crímenes, en abierta contradicción con sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.
Ante esta grave situación, la Providencia que suspende las declaraciones será recurrida en reforma por José Antonio del Valle, hermano de Teófilo y querellante en esta causa.Recordamos que Teófilo del Valle fue asesinado por la policía armada cuando participaba en una movilización del sector del calzado el 24 de febrero de 1976. Estas movilizaciones eran muy frecuentes, por lo que se reprimían con toda la fuerza del aparato policial del régimen que aún seguía vivo en perfecta coordinación con el Ministerio de Relaciones Sindicales, cuyo titular por aquél entonces era el investigado Rodolfo Martín Villa. Teófilo del Valle es considerado la primera víctima de la Transición española. Por último, interpelamos:-
Al Tribunal de Instancia de Elda para que anule la Providencia dictada y señale una nueva fecha para la toma de declaración de Martín Villa y Daniel Aroca.
– A la Audiencia Provincial de Alicante para que ratifique la admisión a trámite de la querella y, en consecuencia, desestime el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa.
– Al Gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes Generales para que adopten todas las medidas legislativas precisas para revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad que impera en el Estado español y que sistemáticamente ha sido censurado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Elda 30 de enero
El próximo 5 de febrero se proyectará en la sede de CCOO de València el documental Las Tres muertes de Teófilo del Valle, participarán Manuel de Juan, director y Pere Beneyto en representación de CCOO PV
El Tribunal de Instancia no 1 de Elda ha comunicado el aplazamiento de las declaraciones de Daniel Aroca del Rey y Rodolfo Martín Villa, previstas inicialmente para los días 17 y 19 de noviembre de 2025, respectivamente, en calidad de investigados por el asesinato del joven Teófilo del Valle, ocurrido el 24 de febrero de 1976, en un contexto de crímenes contra la humanidad. Las nuevas comparecencias han sido fijadas para el próximo 4 de febrero de 2026. La suspensión se debe a problemas de logística en los Juzgados de Albacete y Madrid, sedes en las que debían comparecer ambos investigados para prestar declaración mediante videoconferencia. El Tribunal de Instancia de Elda comunicó esta circunstancia a las partes personadas el viernes 14 de noviembre por la tarde. Por otro lado, Rodolfo Martín Villa había presentado hace unos meses un recurso de reforma contra el auto que admitió a trámite la querella, solicitando el archivo de la causa. El Tribunal de Instancia ha desestimado dicho recurso mediante auto dictado también el 14 de noviembre por la jueza Dña. Yolanda Julia Candela Quesada. El recurso contó con un informe desfavorable del Fiscal Delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, D. Óscar Presa, quien interesó igualmente su desestimación. Desde CEAQUA se valora muy positivamente tanto la decisión judicial de mantener abierta la causa como el informe emitido por la Fiscalía, actuaciones coherentes con la vigente Ley de Memoria Democrática y con la normativa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El hermano de Teófilo del Valle y querellante en el procedimiento, José Antonio del Valle, ha expresado que, aunque hubiera preferido que las declaraciones se celebrasen en las fechas inicialmente previstas, recibe con satisfacción la resolución de la jueza y el señalamiento de una nueva fecha.
CEAQUA confía que la causa penal contra Rodolfo Martín Villa y Daniel Aroca del Rey continúa avanzando y confía en que el próximo mes de febrero puedan practicarse finalmente las declaraciones, permitiendo así que la instrucción prosiga con normalidad con el objetivo de establecer una verdad judicial y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El Jutjat d’Instrucció d’Elda ha citat, en qualitat d’investigats, a RODOLFO MARTÍN VILLA i a DANIEL AROCA PER ASSASSINAT DE TEÓFILO DEL VALLE en un context de crims contra la humanitat.
Convé recordar que aquest assassinat es va produir durant les mobilitzacions dels i les treballadores del sector del calçat a la província d’Alacant, al febrer de 1976. Martín Villa era Ministre de Relacions Sindicals i Daniel Aroca membre de la policia armada, que va disparar la seua arma contra Teófilo del Valle.
Esperem que aquestes declaracions es produïsquen sense cap mena d’incidència i que la fase d’instrucció i investigació dels fets denunciats continue avançant per a l’esclariment dels mateixos i la determinació d’una veritat judicial.
Continuarem treballant perquè els criminals franquistes que encara estan vius hagen de respondre dels crims que van cometre, bé davant els Jutjats de l’Estat espanyol, bé davant els Jutjats argentins, com és el cas de Martín Villa que continua imputat en la Querella Argentina per un total de altres 12 homicidis agreujats en un context de crims contra la humanitat.
Nota de premsa de CEAQUA
Per primera vegada en un Jutjat de l’Estat espanyol es prendrà declaració als presumptes autors i responsables de crims contra la humanitat comesos durant la dictadura franquista.
L’exministre franquista Rodolfo Martin Villa i el membre de la policia armada Daniel Aroca del Rey, que estàn sent investigats en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 1 d’Elda, han sigut citats a declarar per l’assassinat, en un context de crims contra la humanitat, de Teófilo del Valle durant les dures repressions en les vagues del calçat alacantí de 1976.
Des de CEAQUA celebrem aquest fet de gran transcendència i excepcionalitat en la lluita contra la impunitat dels crims del franquisme i instem als poders públics i als partits polítics a adoptar totes les mesures necessàries perquè aquest fet excepcional es convertisca en una cosa habitual.
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 1 d’Elda, que va admetre a tràmit la querella interposada el 22 d’abril de 2024 pel germà de Teófilo del Valle, José Antonio, ha acordat citar a declarar als querellats: Daniel Aroca del Rey i a l’exministre Rodolfo Martin Villa, els pròxims 17 i 19 de novembre.
La querella es va presentar contra els autors i responsables de la mort a Elda del jove treballador Teófilo del Valle per trets de la Policia Armada. Els fets denunciats es van produir en el context de les dures repressions policials patides pels treballadors i treballadores del sector del calçat alacantí durant les mobilitzacions de febrer de 1976.
L’assassinat de Teófilo del Valle va ser la primera mort violenta ocasionada per les forces de l’ordre públic després de la presa de possessió de la Direcció de l’Estat de Joan Carles I. En aquelles dates Martín Villa era Ministre de Relacions Sindicals i Daniel Aroca el policia armada que va disparar a Teófilo del Valle.
Després de més de 115 querelles presentades en diferents territoris de l’Estat espanyol per crims contra la humanitat ocorreguts durant la dictadura i la Transició, es prendrà declaració als autors i responsables denunciats. Per tant, es tracta d’un fet important que suposa un clar avanç en la lluita contra la impunitat. No obstant això, encara es tracta d’una cosa excepcional que fins a la data no s’havia produït, de manera que aquest fet per si mateix no implica que les polítiques d’impunitat de l’Estat espanyol s’hagen revertit.
En qualsevol cas, les organitzacions memorialistes i de drets humans celebrem aquest fet de gran transcendència i excepcionalitat en la lluita contra la impunitat dels crims del franquisme. Esperem que s’avance en la instrucció de la causa penal, i instem a tots els poders públics i als partits polítics a adoptar totes les mesures necessàries perquè aquest fet excepcional es convertisca en una cosa habitual i que, d’una vegada per sempre, es pose fi a les polítiques d’impunitat que impedeixen la investigació judicial en l’ordre jurisdiccional penal dels crims franquistes.
El jueves 9 de mayo se ha hecho pública la presentación, en los juzgados de Paterna (Valencia) de 4 nuevas querellas por crímenes de lesa humanidad por desaparición forzosa.
En la mesa Carolina Martinez, Pedro Luis Alonso, Lucila Aragó, Sergio Martinez, en la pantalla interviene Aradia Ruiz
Pedro Luis Alonso Gutiérrez se ha querellado en representación de los familiares de su abuelo Ulpiano Alonso Presa, fue asesinado junto a otras 45 personas el 17 de noviembre de 1939. Los indicios de la exhumación de la fosa 95, exhumada en 2023, indican que las victimas fueron fusiladas por la espalda. Ulpiano Alonso fue el primer presidente de la agrupación socialista de Puerto de Sagunto y responsable del comité de control de la fabrica de armas de la Republica durante la guerra del 36-39. Su nieto recordó en rueda de prensa el sistema que idearon sus abuelos para comunicarse, cuando la esposa de Ulpiano iba a la prisión a través del capazo de la comida pudieron intercambiar notas «La mayoría son cartas de amor». Alonso también ha recordado aspectos recuperados en el expediente de su antecesor que evidencian la ausencia de pruebas, la arbitrariedad e injusticia del consejo de guerra que condenó a muerte a Ulpiano.
Carolina Martínez Murcia se ha querellado por el asesinato y desaparición forzada de su abuelo José Manuel Murcia Martínez, fue ejecutado el 6 de noviembre de 1939. Su cuerpo permaneció en la fosa 94 del cementerio de Paterna hasta la exhumación realizada en 2018. En 2021 fueron identificados los restos, tras exhumar los restos de una hija de José Manuel Murcia y poder obtener pruebas de ADN válidas. «Todos ellos estaban maniatados, con un tiro en el pecho y otro en la cabeza –ha explicado Carolina, según ha recogido Publico–, ocultados con la clara intención de hacerlos desaparecer, para impedir que las familias los recuperaran; una forma más de expandir la represión». Tenía cuando fue asesinado 47 años y había sido concejal de agricultura en Aiora. Fue condenado a muerte por “adhesión a la rebelión”.
Rafael Micó Pérez se ha querellado por su abuelo y tio maternos Juan y Miguel Pérez Gavidia, fueron asesinados el 6 de noviembre de 1939, naturales de Aiora. Juan fue presidente de la UGT y de la Casa del Pueblo de su localidad, al finalizar la guerra estuvo detenido en el campo de concentración de Monforte el Cid en Alicante y, desde allí, regresó a su casa donde fue detenido junto a su hermano Miguel. Ambos fueron condenados a muerte en juicio sumarísimo. Es probable que estuvieran en la fosa 94 del cementerio de Paterna. En su intervención, que realizó por videoconferencia, Micó puso de relieve el daño causado por el terrorismo de estado practicado por la dictadura contra sus oponentes, destacando, además de la atrocidad de las ejecuciones ilegítimas de la Justicia de los golpistas, la situación de miseria en la que quedaron las familias de los represaliados, muchas de ellas expoliadas.
Sergio Martínez Viana se ha querellado, en representación de su familia, por su abuelo Fausto Viana Cañada, natural de Fuenterrobles, asesinado el 13 de agosto de 1942. La exhumación de la fosa 139 en la que según los datos existentes estarían sus restos se llevó a cabo entre 2022 y 2023, sin obtener resultados positivos en el proceso de identificación y cotejo de ADN. Martínez ha subrayado en su intervención cómo los jueces militares fascistas inventaron pruebas falsas contra su abuelo, imputándole hechos que no pudo cometer por encontrarse en Barcelona.
Las querellas plantean que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, concretamente aquellos que produjeron desapariciones forzadas en el cementerio de Paterna. Se pretende que a lo largo de la investigación se construya un relato de la verdad judicial de los crímenes que especifique las condiciones en las que se cometieron, determinando quiénes fueron los responsables directos e indirectos y, en su caso, decidiendo su imputación, procesamiento, juicio y condena
Estás querellas se suman a las presentadas en todo el estado español, más de un centenar, exigiendo la investigación judicial de crímenes franquistas, constitutivos de crímenes contra la humanidad y que hasta la fecha continúan impunes.
Las organizaciones memorialistas y de derechos humanos que formamos la CEAQUA interpelamos a los Jueces y Magistrados españoles para que investiguen y enjuicien los crímenes del franquismo, pongan fin a la política de impunidad que han mantenido hasta la fecha y apliquen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. En este sentido recordamos que en el reciente informe de los Relatores de la ONU, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, además de la evaluación sobre las derogación de las leyes de memoria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Comunidad Valenciana, el informe hace hincapié en que “los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras infracciones graves de los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada. No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones”.
Seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo resulta incompatible con un Estado de Derecho.
Las entidades que han apoyado esta presentación: Amnistía Internacional Valencia, Plataforma de Asociaciones Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna, Coordinadora de asociaciones de memoria democrática y Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme (Plataforma de suport a la Querella Argentina) han expresado su apoyo a los querellantes y su compromiso en la defensa del derecho a la tutela judicial de las víctimas de los crímenes del franquismo.
Desde hace unos meses en las comunidades donde VOX ha conseguido gobernar junto con el Partido Popular se están llevando a cabo modificaciones de las leyes autonómicas que estaban aprobadas. Además, asistimos al discurso constante de ataque a las asociaciones y organizaciones que luchas por la Verdad, la Justicia y la Reparación
Exposición Arqueología de la Memòria (Foto El Seco)
COMUNICADO DE CEAQUA ANTE LA OFENSIVACONTRA LA MEMORIA DE LA DERECHA ESTATAL
Ante la ofensiva de los gobiernos autonómicos de Castilla León, Aragón, Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana, regidos por coaliciones PP-VOX contra las leyes de memoria democrática desde CEAQUA manifestamos:
1.- La facilidad con la que ha vuelto a restablecerse el relato construido por la propia dictadura franquista acerca de la II República, del golpe de estado que desencadenó la guerra y de la propia naturaleza del régimen dictatorial, adquiriendo naturaleza de ley en las comunidades señaladas, muestra la fragilidad de la democracia actual, fundamentada en una transición donde las fuerzas políticas que la encabezaron apostaron por silenciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, por “no ser beligerantes” con una dictadura impuesta con el apoyo material del nazi-fascismo, mantenida sobre la liquidación física y represión política de la disidencia, el expolio de los vencidos, la desaparición forzada de menores así como la represión social e ideológica contra otros sectores. Un pacto de silencio que mantuvo indemne el relato que sobre sí mismo construyó el franquismo para justificar y legitimar sus atrocidades.
2.- Ese pacto de silencio tuvo en la Ley de Amnistía aprobada en 1977 una clave fundamental, en su artículo segundo eximía de toda responsabilidad a los funcionarios y agentes del orden público por “los delitos cometidos contra el ejercicio de los derechos de las personas”, lo que la convirtió de hecho en una ley de punto final para asegurar la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas. Una ley, además, contraria al Derecho Internacional de Derechos Humanos que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden amnistiarse, y que siguen esgrimiendo algunos jueces en la actualidad para negarse a investigar las querellas que presentan víctimas de los múltiples crímenes que cometió el franquismo durante la guerra, la dictadura y la transición.
3.- Estas políticas de guante blanco con el pasado franquista se justificaron durante años como garantías para la reconciliación. Como ha señalado Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, “la reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado. La confianza en que el Estado vela por tus derechos. Y eso solo se consigue a través de la justicia. Cualquier otra interpretación de la reconciliación es perversa”.
El camino de la Justicia para las víctimas de la dictadura se eludió en los años de la transición en aras al pacto de silencio y a ese falso concepto de reconciliación, lo que ha garantizado la impunidad de los perpetradores hasta el momento actual. Alimentada también por las tímidas y escasas medidas legislativas impulsadas por el Estado que no ha aplicado los compromisos internacionales que tiene suscritos como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o lo exigido por Comités especiales de la ONU, como el Comité contra la tortura o el ya mencionado sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
4.- Pese al enorme trabajo de investigación realizado desde distintas disciplinas que ha evaluado y rescatado la magnitud de la represión franquista, pese a la presencia y persistencia de tantas víctimas y familiares por abrir camino a la Verdad que tanto tiempo estuvo silenciada, aún no ha habido en este país investigación judicial sobre esos crímenes. Investigación como la que hubo en Núremberg para conocer los crímenes del nazismo, o en los juicios de Argentina contra los responsables de la dictadura de Videla, o en la Audiencia Nacional española que investigó y condenó al responsable de los vuelos de la muerte, el militar argentino Adolfo Scilingo.
En España no se han investigado los crímenes de la dictadura franquista ni se ha establecido una verdad jurídica sobre esos crímenes, obligando a las víctimas a desplazarse 10.000 km para querellarse en la única causa abierta contra estos crímenes, la conocida como querella argentina.
El Estado español ha desatendido a estas víctimas por falta de voluntad y responsabilidad política. Las leyes estatales de memoria aprobadas tras mucha reclamación y trabajo de las asociaciones memorialistas –la ley de 2007 y la más reciente y algo más completa de 2022– no garantizan el acceso a la Justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo.
5.- De esta manera, los gobiernos autonómicos de PPVOX que se han planteado derogar las leyes de memoria democrática van a darle categoría de ley al relato franquista, desoyendo las argumentaciones científicas, a la Academia y por supuesto a las víctimas. Y específicamente a las del franquismo, porque en sus propuestas leyes de “concordia” sí que mencionan a las víctimas del terrorismo y a las de la 2ª Republica. Su “concordia” excluye precisamente a las víctimas que el Estado español tiene aún pendiente de reparar y garantizar sus derechos: las víctimas del franquismo y la transición, como se le ha recordado desde instancias internacionales de Derechos Humanos. Ocultan deliberadamente que en 1936 hubo un golpe de estado que desencadenó una guerra horrorosa y dio paso a una dictadura a la que tampoco califican, obviando todo el derecho represivo que elaboró el franquismo para eliminar a sus adversarios políticos: los juicios sumarísimos, fusilamientos y torturas, el expolio y las depuraciones, el exilio forzoso, la represión específica contra las mujeres, el ‘robo de bebés’, hechos que se extendieron hasta años después de la muerte del dictador.
6.- Las leyes autonómicas que han derogado o quieren derogar, intentaron subsanar las carencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que no contentó a nadie. Las derechas en el poder –ya abiertamente filofranquistas– acusan a estas políticas memorialistas de ser “sesgadas”, de imponer una memoria ideologizada, de favorecer a una parte; pero olvidan que la otra ya tuvo su memoria, ya tuvo su verdad, su justicia y su reparación con el desarrollo de la Causa General. Esta causa facilitó exhumaciones, identificaciones y glorificaciones varias que aún se pueden ver en las iglesias de muchos municipios españoles y ofreció reparaciones de todo tipo.
Sus leyes de “concordia” son una vuelta atrás, pero ya se han abierto muchas fosas, se han visto decenas y decenas de cuerpos con el cráneo agujereado por los tiros de gracia, hemos recogido los testimonios de las personas torturadas, de las víctimas por el robo de niñas y niños, mucha gente rompió el silencio. Esa Verdad no puede volver atrás. Muchas víctimas saben que tienen derecho a la tutela judicial y seguirán peleando por ella.
7.- Por último, es preciso señalar que la vigente Ley de Memoria Democrática de 2022 fue una ocasión inmejorable para poder haber ido bastante más allá en materia de verdad, justicia y reparación y blindar así los logros conseguidos en los últimos años por el movimiento memorialista frente a los ataques que ahora está impulsando PP-VOX. Se renunció entonces a profundizar en estas conquistas derogando la Ley de Amnistía de 1977, así como la de Secretos Oficiales, de 1968; considerando expresamente los crímenes cometidos por el franquismo como crímenes contra la humanidad; abriendo plenamente las puertas de la Justicia a la admisión a trámite de las acciones judiciales interpuestas con esta finalidad; regulando los mecanismos y medios para la identificación, no solo de las víctimas, sino también de los victimarios y, por último, para la aplicación directa de la normativa internacional vigente en materia de derechos humanos.
Es por ello que consideramos que la necesaria y firme lucha contra cualquier intento del PP-VOX de modificar o anular la normativa autonómica hoy existente, debe ir acompañada también de la necesidad de recuperar las exigencias del movimiento antes señaladas que la Ley de Memoria Democrática no asumió.
Desde CEAQUA apostamos por la protección de todos los derechos de las víctimas del franquismo amenazados, una vez más, por los defensores de la dictadura.
¡Por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del franquismo y la transición!
Memòria i justícia. Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme 