Las personas y colectivos abajo firmantes, reunidas en el edificio de los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes manifestamos nuestra indignación ante  los obstáculos que el Estado español continúa manteniendo frente a la exigencia de justicia por parte de las víctimas del franquismo. Durante el mes de septiembre del 2016, la Fiscalía General ha cursado una instrucción a los fiscales para conseguir que los juzgados españoles paralicen y obstaculicen cualquier requerimiento proveniente de la jueza argentina Maria Servini, que, en el juzgado Federal nº 1 de Buenos Aires, investiga las querellas y denuncias presentadas por centenares de ciudadanas y ciudadanos españoles víctimas y familiares de la represión franquista.

La jueza Servini, que, al amparo de la justicia universal investiga los casos, había pedido la extradición de 19 franquistas involucrados en actos de represión (exministros como Martin Villa y Utrera Molina, policías torturadores, un médico, etc.), como dicha extradición fue denegada por el Consejo de Ministros, solicitó se les tomara declaración en juzgados españoles, los exhortos para ello llegaron al Ministerio de Justicia durante el pasado verano. Del mismo modo la jueza argentina solicitó se tomara declaración a diferentes victimas denunciantes para que ampliaran sus testimonios. Este proceso que permitiría avanzar en la investigación, se está viendo paralizado por la Fiscalía General del estado, que a través de la instrucción citada pretende que los pedidos de la justicia argentina no sean atendidos por la justicia española.

De hecho, a los tribunales valencianos llegó en el mes de septiembre el exhorto para tomar declaración al policía franquista Benjamín Solsona denunciado por distintas víctimas torturadas por él en dependencias policiales, durante su detención en los años 70 en la ciudad de Valencia. Sin embargo, este hecho alentador, al ser una primicia en la andadura contra la impunidad franquista, se ha visto por el momento paralizado. Y el exhorto ha sido devuelto por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Valencia al Ministerio de Justicia, que a su vez lo ha remitido a Buenos Aires.

Expresamos nuestra inquietud ante la injerencia política de la Fiscalía General que olvida que los crímenes franquistas son imprescriptibles e inadmistiables al tratarse de crímenes de lesa humanidad, como han recordado instancias internacionales como Naciones Unidas.

Como hemos dicho expresamos nuestra indignación al constatar una vez más las trabas que existen, aún hoy, para denunciar y juzgar los crímenes franquistas.

Confiamos en que las maniobras políticas por paralizar este proceso no tengan resultado positivo alguno, por el buen hacer de las y los profesionales de la justicia y por el empeño de las víctimas y sus familiares y de la ciudadanía que reconoce que, en la esencia de la democracia, en su base, está la lucha contra la dictadura y por las libertades, que dejó una huella profunda de dolor, represión, exilio y muerte, a la que es necesario responder buscando la verdad, la justicia y la reparación.

Confiamos, igualmente, en que nuestros ayuntamientos continúen la estela iniciada ya por siete ayuntamientos de ciudades de nuestro país: Pamplona, Vitoria, Zaragoza, Barcelona, La Coruña, Cádiz, y Rivas, que han decidido presentar querellas en los juzgados de sus respectivas ciudades para exigir la investigación de los crímenes franquistas, acompañando así a las víctimas y a la ciudadanía en el camino por romper el silencio y terminar con la impunidad.

Valencia 3 de Noviembre de 2016

Diputadas/os autonómicos: Llum Quiñonero (Podem/Podemos), Josep Nadal (Compromis)

Representantes de los colectivos:

Comisión de Memoria de la Diputación de Valencia

Asociación de Expresos del PV

Memorial 23 de Abril

Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo PV

Archivo Histórico de CC.OO

Col·lectiu per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Callosa d’en Sarrià

Grup per la recerca de la Memòria Històrica de Castelló

Colectivo Parlem de la Republica a Benifaió

Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS)

Republicans de Torrent

Grupo por la Memoria Histórica de Manises

Plataforma per la Memoria del País Valencià

CC.OO

EUPV

Abogados: Concha Blat y Alberto Aznar

Denunciantes en la Querella Argentina: Josefa Ortega, Antonio Moya, Juan José Lopez, Luis Felipe, Ofelia Vila, Manuel Tello, Mª José Garcia Ramos, Pedro Carrascosa, Guillermo de Felipe Datas, Vicenta Martinez Sales, Fernando Sierra, Angel González, Isabel Cervera, Lucila Aragó.

De derecha a izquierda. Josep Nadal, diputado del Grupo Compromis, diputada Llum Quiñonero del Grupo Podemos-Podem,  Jacinto Lara, Abogado de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y CEAQUA y Lucila Aragó, Acción ciudadana contra la impunidad del franquismo PV y denunciante en la Querella Argentina